Cepronat recibió numerosas quejas de docentes y vecinos

Preocupan las fumigaciones en cercanías de escuelas rurales

De la redacción de El Litoral

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El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), como miembro de la campaña “Paren de Fumigarnos!”, ha recibido numerosos informes de docentes, vecinos y padres preocupados porque “mosquitos” y avionetas han realizado fumigaciones a “escasa distancia de establecimientos educativos, algunas a 15 metros y con los alumnos en clase”, advierte la entidad en un comunicado de prensa.

Las escuelas rurales primarias Almafuerte, de Paraje El Ombú (cercano a Arroyo Seco), Villa Amelia (cercana a Rosario), Paraje El Mataco (cercano a La Rubia) “son sólo una muestra de lo que sucede con las más de 800 escuelas rurales de nuestra provincia, que reciben las gotas de veneno sobre las cabezas de docentes y alumnos”, remarcan.

Por lo tanto, y hasta que se decida en la Legislatura y a los efectos de preservar la salud de los santafesinos, “reclamamos al igual que más de 20.000 santafesinos -que así lo han expresado con sus firmas en el petitorio entregado al gobernador- que el gobierno provincial determine, para todos los municipios y comunas de Santa Fe, en forma urgente y necesaria una zona de exclusión de fumigaciones con cualquier tipo de producto químico, de 800 metros para las pulverizaciones terrestres y de 1.500 metros para las aplicaciones aéreas, de las plantas urbanas de nuestros pueblos fumigados tal como lo ha establecido el reciente fallo del juez Tristán Martínez del Juzgado Civil y Comercial de San Jorge”.

Asimismo, solicitan que “se establezca, en forma preventiva, un área de protección de 500 metros, como mínimo, alrededor de los establecimientos educativos, de parques industriales, de complejos deportivos y recreativos, de zonas de interés turístico, barrios privados y caseríos, áreas naturales protegidas, ríos, arroyos, lagunas y humedales”.

“Actividad habitual”

Cepronat remarca que “indignan estas informaciones que referencian a una actividad habitual, puesto que no se trata de personas que realizan acciones aisladas o que no cumplen con las pretendidas e ilusorias buenas prácticas agrícolas. Son empresarios y productores asesorados por ingenieros agrónomos -la mayoría contratados por los proveedores de agroquímicos y semillas-, que a lo largo y ancho de nuestro territorio, con el guiño cómplice de gobiernos comunales y municipales, pulverizan venenos a escasa distancia, sin respetar leyes ni el elemental derecho a la salud y al ambiente”.

La entidad recuerda que “en julio de 2010, el gobierno provincial elevó a la Legislatura el proyecto de modificación de los artículos 33, 34 y 38 de la ley 11.273, entre otros, estableciendo límites precisos a las fumigaciones según la categoría toxicológica de los productos. El artículo 38 se encuentra dedicado específicamente al herbicida glifosato y es taxativo al respecto, al afirmar que ‘Sin perjuicio de lo dispuesto y por aplicación de idéntico principio (principio de precaución), se prohíbe la aplicación aérea de glifosato dentro de los mil (1.000) metros del límite de la planta urbana y su aplicación terrestre dentro de los quinientos (500) metros de la misma y de los establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, de complejos deportivos y recreativos, de zonas de interés turístico, barrios privados y caseríos, áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente, de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la cartografía oficial’. Estas modificaciones a la ley -mal llamada- de Fitosanitarios, tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia, pero hoy duerme cajoneada en las comisiones del Senado provincial”.

Ante el interrogante de si “¿los agrotóxicos incrementan el aprendizaje en nuestros niños?, debemos contestar con un rotundo No. Además, de eliminar algunas supuestas especies de plagas, contaminar y simplificar la fauna edáfica, hacer perder calidad al agua subterránea y convertir a las aguas superficiales en cámaras de tortura para la ictiofauna, eliminan neuronas, generan problemas a nivel endócrino, potencian enfermedades respiratorias y disparan las estadísticas de abortos, malformaciones y cáncer”, resalta Cepronat.

Manifestación

Renace (Red Nacional de Acción Ecologista) de la Argentina advierte que el Ing. Claudio Lowy inició una huelga de hambre ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por la falta de respuesta a la petición por el cambio de metodología de la clasificación de los agroquímicos, acompañada por más de 9.300 firmas del país.

Al respecto, se destaca que “este cambio de metodología fue recomendado por el defensor del Pueblo de la Nación por medio de su Resolución 147/10. La clasificación de los pesticidas es una incumbencia nacional y la metodología utilizada actualmente los hace clasificar como mucho menos tóxicos de lo que en realidad son, induciendo su manipulación y aplicación de una forma y una magnitud que provoca serios riesgos y daños a la población afectada”.