En Córdoba

Comenzó el juicio a Jorge Rafael Videla

DyN

Después de casi 25 años, el dictador Jorge Rafael Videla volvió a sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, donde intentó infructuosamente hablar ante el tribunal que sustancia el proceso. Videla, uno de los 31 imputados en este juicio por asesinatos y torturas de los que fueron víctimas presos políticos, podrá dirigirse a los jueces recién tras el final de la lectura de la acusación, la semana próxima.

El ex presidente de facto, sentado junto al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Menéndez -ya condenado a perpetua en otros juicios y con quien estuvo enfrentado durante el régimen de facto-, hizo señas al presidente del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, Jaime Díaz Gavier, para intervenir cuando se describía el funcionamiento del esquema represivo en esta provincia. Pero el dictador recibió una drástica respuesta, ya que se le ordenó mantener silencio y se le explicó que recién hablará cuando sea su turno, o sea tras la finalización de la lectura de la acusación.

Videla llega procesado al juicio que comenzó este viernes porque 27 de las 31 víctimas eran presos políticos que fueron “blanqueados” a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), cuya titularidad detentó desde el 24 de marzo de 1976. No obstante, varios de los prisioneros habían sido arrestados antes del golpe que derrocó a María Estela Martínez de Perón, en cuya gestión Videla ya era jefe del Ejército.

Cárcel de Bouwer

Desde el sábado, Videla -condenado a reclusión perpetua en 1985 en el juicio a las juntas militares, indultado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem, vuelto a prisión en 1998 por el robo de bebés de desaparecidos y, ahora, nuevamente en el banquillo merced a la anulación de los indultos y las leyes de punto final y obediencia debida-, está encerrado en la cárcel de Bouwer, en el pabellón de detenidos por delitos de lesa humanidad.

Ayer se leyó la acusación de las dos causas unificadas en este juicio: “UP1” (oficialmente se llama “Videla” e incluye 31 asesinatos) y “Gontero” (se denomina ahora “Menéndez III” e incluye las torturas sufridas por cinco policías y el hermano de uno de ellos).

El juicio continuará el lunes próximo, a las 9.30, cuando los imputados podrán declarar si lo desean. En momentos del comienzo del juicio, organismos de derechos humanos protestaron de manera pacífica frente a los tribunales federales de Córdoba. En la manifestación colocaron siluetas en recuerdo de las víctimas de la represión por las cuales se realiza este juicio y, además, fue instalada una radio abierta.

Tormentos y homicidios

Videla está acusado de tormentos y homicidios perpetrados contra presos de la cárcel de San Martín, entonces Unidad Penitenciaria 1 (UP1). Pero, además, se dilucidan otros crímenes de lesa humanidad en los que también estuvieron involucrados integrantes de la cúpula militar en Córdoba y del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía. Además de Videla y Menéndez, hay otros 29 imputados. No sólo ex militares y ex policías: también un gendarme y hasta un médico del Servicio Penitenciario, acusado de encubrir un homicidio. En el expediente “UP1”, 27 de los 31 asesinados eran presos políticos. Tres murieron en simulacros de intentos de fuga y estaban alojados en el centro clandestino de detención del D2, donde hoy funciona el Archivo de la Memoria, al lado del Cabildo. Y otro de los asesinados es José Villada, un joven de 30 años del cual no hay registro de militancia en alguna organización y quien no figuraba en los registros de “subversivos”. Ingresó a la morgue, acribillado, con otros dos presos de la UP1, donde nunca estuvo. En cuanto al caso “Gontero”, se abordan los secuestros y torturas que sufrieron cinco policías y el hermano de uno de ellos, que pasaron por el D2, el Campo la Rivera y finalmente la UP1. Uno de estos policías, Raúl Urzagasti Matorras, falleció el año pasado.

Sala llena

A la sala ingresó un centenar de personas, además de los abogados y funcionarios judiciales, y había tanto familiares de las víctimas como de los militares y policías acusados. Los allegados a los imputados debieron retirar una bandera argentina que habían desplegado en la sala. Y por pedido de Díaz Gavier, familiares de desaparecidos debieron cubrir las remeras en las que portaban los rostros de sus parientes. “Es para que se eviten situaciones de roces”, explicó el magistrado.

Situación incómoda

En uno de los cuartos intermedios se vivió una situación incómoda, cuando un hermano del militar Gustavo Adolfo Alsina, uno de los acusados, se acercó hasta la hermana de una de las víctimas e intentó excusar al sospechoso.

“Yo me sentí... no alcancé a reaccionar, fue muy fuerte lo que ha pasado”, explicó Marta Josefina Moukarzel, hermana de José Moukarzel, un médico que militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo(ERP), que murió luego de permanecer “estaqueado” en el patio de la cárcel de San Martín.

Entre los familiares de los militares se encuentra uno de los hijos de Videla, según confirmaron fuentes judiciales.