Una obligación institucional
Las reuniones sostenidas sobre el fin de semana por el gobernador Hermes Binner con los senadores de la oposición y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, vinieron a tratar de establecer una nueva instancia en la relación entre los tres poderes del Estado, deteriorada en los últimos meses por distintos factores.
En el caso de la Legislatura, la diversa composición de ambas cámaras determinó que su signo sea diferente, y también su vínculo con el Ejecutivo. Esa dualidad condicionó el tratamiento de muchos proyectos y selló el destino de otros.
En tales condiciones, resultaría poco menos que ilusorio -y sin duda desaconsejable- el alineamiento total o la coincidencia absoluta. Por el contrario, la contraposición de argumentos es lo que enriquece el debate y estimula la búsqueda de soluciones que resulten satisfactorias para la mayor cantidad de personas. En todo caso, lo deseable es que ese intercambio y negociaciones propias del ámbito legislativo, también encuentren su cauce institucional y político adecuado en la comunicación entre poderes, y que éste no se vea interrumpido por enemistades partidarias, especulaciones electorales o estrecheces de miras.
En el caso del Poder Judicial el problema asume otros matices, por cuanto no debiera existir aquí un componente de confrontación faccional. Los tribunales y el gobierno central comparten esencialmente la responsabilidad de garantizar la correcta prestación del servicio de Justicia, ejecutándolo o proveyendo los medios para ello; de la misma manera que propiciando o colaborando con el Poder Legislativo para contar con el marco normativo adecuado.
Aquí, las tensiones propias del cambio de sistema procesal penal, extremadas por algunas situaciones de tipo personal y no pocas expresiones empujadas por la imprudencia, arrinconaron a los principales referentes del gobierno y la Corte en extremos opuestos de una suerte de ring mediático y peligroso.
El encuentro celebrado implica, literalmente, un acercamiento que saltee esa barrera de incomunicación y propicie un contacto más directo y fecundo, sin que ninguno deba resignar sus empeños, observaciones o reclamos. En cualquier caso, y más allá de consideraciones o estilos personales, queda claro que el rediseño de la Justicia santafesina es un proyecto de Estado, que antecede y trasciende a la actual gestión política, y que involucra un compromiso que ya no puede ser retaceado, ni admite vuelta atrás.
Estas convicciones básicas, que no deben abrogar las diferencias de criterio, pero sí imponerse a ellas en la medida en que obstaculicen el desenvolvimiento institucional, parecen haber hallado un cauce de mejor predisposición. Mantenerlo e incrementarlo, o permitir que vuelva a ser bloqueado por razones de rango marcadamente inferior, es la inexcusable responsabilidad de las autoridades y parte de las cuentas que deberán rendir a la ciudadanía.