EDITORIAL

Demagogia y campaña electoral

La decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de condonar las multas aplicadas a automovilistas que transitaban con exceso de velocidad es una radiografía en pequeño de la anomia política y jurídica vigente en la Argentina y la consecuente responsabilidad por parte de una clase dirigente oportunista y demagógica.

Como se recordará, el año pasado se realizaron grandes campañas de concientización y advertencia a los automovilistas que transitaban desde Buenos Aires a Mar del Plata por la Ruta 2. En su momento, la opinión pública aprobó estas decisiones, sobre todo teniendo en cuenta los pavorosos índices de muertes en las rutas, en la mayoría de los casos debido a imprudencias de los conductores.

En esos días, los medios de comunicación informaron acerca de los esfuerzos realizados por los agentes de seguridad y tránsito. De acuerdo con la información disponible, en el lapso de algo más de un año se realizaron alrededor de 1.200.000 actas de infracción. Los operativos fueron considerados ejemplares, se movilizaron recursos, se destinaron partidas y se realizó una intensa publicidad recordando a la ciudadanía las normas de la educación vial.

Conviene tener en cuenta que todas estas disposiciones se efectivizaron porque existía -y existe- una gran preocupación por la cantidad de accidentes producidos en las rutas, en su gran mayoría, mortales. Expertos en el tema coincidieron en destacar que la educación vial debía complementarse con sanciones efectivas a los infractores. El sentido común enseñaba que era imposible plantearse ordenar la circulación vehicular sin una responsable intervención de la autoridad pública.

En países vecinos, donde el tránsito es mucho más ordenado que el nuestro, las sanciones son importantes y, es bueno tenerlo en cuenta, se pagan porque existe un poder público decidido a hacer cumplir las leyes. Muchas veces hemos señalado en estas columnas la necesidad de restituir el orden y, para ello, contar con un Estado que garantice los derechos y exija el cumplimiento de las obligaciones.

Ahora, en plena campaña electoral y con el afán de conseguir votos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decide condonar todas las multas aplicadas. Los argumentos son lastimosos. Se habla del éxito de las campañas de educación vial y, sin sonrojarse, admiten en voz baja que el Estado no está en condiciones de exigir el cumplimiento de esas multas.

Tanto los esfuerzos de agentes y funcionarios como los recursos económicos destinados a las campañas de prevención y, luego, la sanción de las faltas se dilapidan con un gesto oportunista. El Estado admite que no puede aplicar su propia legislación. Pero hay algo más grave que liberar de sus deudas a los infractores: el nuevo precedente que consolida la irresponsable práctica de violar las normas. ¿Con qué autoridad se van a cobrar las infracciones si los conductores saben que siempre habrá una campaña electoral y un candidato oportunista que los liberará de las consecuencias de sus conductas peligrosas e ilegales?