EDITORIAL

La oportunidad de las elecciones

Contra toda apariencia, y en medio de chicanas, sobreactuadas indignaciones y algunas expresiones poco felices, la actual campaña electoral permitió un atisbo de debate sobre algunas de las cuestiones centrales que hacen a la política económica y, fundamentalmente, al federalismo fiscal; un concepto deteriorado y aplastado durante los últimos años, con efectos que se perciben crudamente en la coyuntura.

Así, el dictado de la nueva Ley de Coparticipación ordenada por la reforma constitucional de 1994, deja de ser solamente una deuda del Congreso, y se convierte en un imperativo para preservar la viabilidad de las provincias y sostener la propia naturaleza del sistema.

En reiteradas ocasiones, desde la oposición al gobierno nacional se ha señalado no sólo este incumplimiento, sino también el de las mismas pautas que establece la legislación actual. La progresiva y grosera manipulación del esquema tributario en función de los intereses del gobierno central, con la anuencia de los legisladores por vía de la delegación de facultades, llevó a una flagrante inequidad y a una distribución de recursos muy por debajo del piso del 34 % y de las legítimas aspiraciones de los distritos del interior.

La necesidad de cumplir con esta obligación constitucional y plantear una salida para las provincias está actualmente en el discurso de campaña de prácticamente todos los candidatos para las elecciones nacionales del próximo 28 de junio. Si bien quien la tiene más difícil es el postulante oficialista -obligado a defender una política que tiende a ser dispensada en la bonanza, pero que dispara la indignación en un contexto adverso-, se trata de una buena oportunidad para defender los criterios puestos en juego. En cuanto a los demás candidatos, el correlato necesario es el firme compromiso de impulsar desde sus bancas los cambios que exigen a través de sus críticas.

En tal sentido, la controvertida votación en el Senado sobre la resolución 125, referida a las retenciones agropecuarias, devolvió al Congreso un protagonismo perdido durante lustros, y mostró una vía hacia la consolidación republicana que el exacerbado presidencialismo y el ciego abroquelamiento oficialista mantenían bloqueada.

Pero además la campaña se ve jalonada por observaciones que, si bien son descalificadas como meras alusiones al pasado, debieran ser en rigor el disparador de la abierta discusión de ideas y propuestas; desde la firma de los pactos fiscales y el financiamiento de Anses, hasta las privatizaciones en la provincia y los criterios de administración de los fondos, pasando por la política agropecuaria o de servicios esenciales.

Plantear los disensos, confrontar argumentos y dejar claramente delimitadas -incluso por la vía del contraste- las ofertas electorales, es lo que se espera de una instancia preelectoral. Construir consensos y estrategias comunes en beneficio de los intereses de la provincia, y aprovechando los resortes institucionales previstos para ello, es el obligado camino del día después, y que los representantes de la provincia se han mostrado hasta hoy incapaces de transitar. Los resultados están a la vista. Y la posibilidad de cambiarlo, al alcance de la mano.