Cuando el Poder Ejecutivo provincial dio por terminada la actividad del Ente de la Reconstrucción en julio pasado, su ex titular sostenía que así como la inundación había desnudado realidades por muchos desconocidas, también el trabajo del organismo había derivado en otros descubrimientos. Por ejemplo, que unas diez mil viviendas del cordón oeste relevadas a partir del avance del agua, no estaban registradas catastralmente.

"(Lo que pasó) nos tiene que servir para algo más que una reparación económica; si eso no ocurriera, sería como no haber aprendido la lección", le había dicho Juan Carlos Forconi a El Litoral. A más de tres años del desborde del Salado y a casi dos meses de que el Ente cesara en su función, los datos siguen en los papeles.

Ante la consulta de El Litoral y tras una aclaración semántica sobre las implicancias del término catastrar, el director provincial de Catastro dijo que el organismo no ha incorporado aún la información a su base de datos.

"No es que (los inmuebles) no estén catastrados. Los lugares y las zonas relevadas figuran en nuestros archivos, que de hecho sirvieron de base como información original para el relevamiento del Ente. Lo que no está registrado es el asentamiento que se produjo en esos inmuebles; el cambio de finalidad que esa parcela tuvo (de baldío a una casa; de terreno fiscal a lote)", dijo Héctor Rodríguez.

Reconocida la irregularidad, sin embargo, el funcionario lanzó dos advertencias: primero, que nada puede hacer Catastro si no cuenta con "la documentación jurídica (escritura) que acredite tal modificación"; segundo, que el control del ordenamiento de las viviendas corresponde en este caso a "la Municipalidad de Santa Fe", que es la que ejerce el poder de policía.

Desde el gobierno local, el titular del Instituto Municipal de la Vivienda no esquivó la responsabilidad del poder de policía, pero a renglón seguido, aclaró que en su área no hay plata para poder cumplirlo.

"No podemos hacer los relevamientos ni lo que sigue, que es la mensura para la escrituración. Nuestro gran problema es que no tenemos presupuesto", dijo Alfredo Migone.

Sí mencionó a El Litoral algunos trabajos en barrios puntuales (Los Chaqueños, Los Tobas, Las Lomas) que se están haciendo por acuerdos con la Nación, pero negó que existan políticas para aplicar, por ejemplo, un plan de escrituración.

"Eso sería imposible por la falta de recursos -insistió. Tendríamos que conseguir financiamiento porque además, la mayoría son familias con NBI, con lo cual no podemos pedirles a ellos que paguen. Una mensura puede estar en el orden de los 200 pesos, y otro tanto necesitarían para escriturar. Hoy, el municipio no dispone de ese dinero", advirtió.

Migone asumió que también les corresponde el control de las construcciones (en algunos casos, ya barrios completos) en zonas inundables, otro de los aspectos que relevó el Ente.

"Detectado el caso, hacemos la denuncia a la Justicia vía Fiscalía. El asentamiento florece muy rápido; podemos actuar cuando vemos el terreno marcado, pero cuando ya está la construcción, es muy difícil controlar. Entonces hacemos la denuncia por intrusión, pero sólo si son terrenos fiscales", explicó.

El funcionario reconoció la obligación de "proteger" a esas familias, pero aclaró que aquí las materias pendientes no son sólo del municipio.

"Hace falta también una norma que nos diga cuáles son los terrenos inundables y cuáles no. Hoy, después de la inundación de 2003, todavía el Concejo no nos ha dado esa ordenanza", disparó (ver La clave)..

La situación dominial irregular implica precariedad y riesgos para el morador, pero también efectos para el Estado: impuestos que no se emiten; servicios que no se pagan (ver aparte). El problema conlleva un drama social más profundo, en cuyo diagnóstico coinciden todos.

"Es una situación grave y preocupante por lo que hace a la armonización y parte urbanística de la ciudad, porque muchas de estas zonas tienen prioridades de otro orden, pero no para ser habitables. Por eso considero que es de gravedad", dijo el director de Catastro.

Por lo pronto, aclaró que la información que recabó el Ente no está aún en manos de esa repartición.

"El relevamiento está en poder del Ente -confirmó el subdirector del área, Eduardo Ceré-. A partir de ahí se debería generar algún proyecto para terminar con ese problema".

"Hay varios organismos que tienen su partecita de incumbencia para lograr un proyecto que permita sanear esto -acotó Rodríguez; hay muchas cosas por definir y cada uno deberá hacer lo suyo".

Migone, tras aclarar que tampoco recibió "todavía" el informe del Ente, dijo que la actual gestión municipal está involucrada en un plan urbano que permita la planificación, algo hasta ahora, visiblemente ausente.

"Pretendemos dejar un piso firme para que las siguientes gestiones puedan empezar a tener un mejor desarrollo. (Actualmente) hay permanentes intervenciones por la acción de los intrusos, pero como política de Estado no se han podido implementar lineamientos globales", admitió.

El funcionario prefirió atribuir gran parte del problema a la crisis.

"La situación social desbordó el poder de policía del municipio. Esto hay que reconocerlo. Creo que con los planes de construcción de viviendas que se están proyectando, lentamente la cosa empezará a cambiar. Pero esto sería solamente un paño frío, porque estoy seguro de que hoy en total, son más de veinte mil las familias que se encuentran en esta situación irregular. Es prácticamente una ciudad completa", concluyó.

La no registración del inmueble y los asentamientos en zonas no autorizadas tienen derivaciones que superan al morador.

El agrimensor Héctor Rodríguez advirtió que hasta tanto no haya una escritura que acredite la modificación de uso de una parcela (por ejemplo, con una construcción), el Servicio de Catastro "no puede emitir ningún tipo de información y por lo tanto, no se puede emitir ningún tributo provincial".

Migone, por su parte, desde el Instituto Municipal de Vivienda, dijo que el municipio "no podría brindar un servicio a una vivienda irregular; lo que puede ocurrir -aclaró- es que haga asistencialismo con lo esencial (agua). Además, si no están hechas las mensuras ni escrituras, no hay a quien cobrarle. Brindamos los servicios imprescindibles, pero sin recupero".

A propósito de las prestaciones esenciales, la irregularidad suele ir allí de la mano de la precariedad y los riesgos. Fuentes de la EPE consultadas por El Litoral, recordaron que para conceder el suministro energético se requiere escritura, o contrato y garantía si son inquilinos.

"Pero muchas veces como no tienen para cumplir con esas pautas, se terminan colgando de las líneas; se prenden. En algunos casos se intenta aplicar la tarifa social para que por los menos se ordene un poco la cosa", se explicó.

En el caso del servicio de agua potable y de acuerdo con lo manifestado por fuentes de Aguas Santafesinas S.A., los usuarios que solicitan conexión y están dentro del radio servido, también deben presentar (entre otros requisitos) la escritura de propiedad o la autorización con firma certificada del propietario, si alquilan. En algunos casos, pese a no reunir estos requisitos, apelan a convenios firmados con terceros, por ejemplo, el municipio o Los sin Techo.

"Muchos clientes son considerados casos sociales, pero en otros sectores informales que disponen de la red frente a sus viviendas, terminan conectándose en forma clandestina", se explicó.

Mora

La ley provincial 11.730 sancionada en 2000 regula el uso de bienes en áreas inundables, pero delega en los municipios la confección de su propia zonificación. Consultado por El Litoral, el secretario municipal de Planeamiento Urbano, Gustavo Giobando, recordó que después de las inundaciones de 2003, el Departamento Ejecutivo envió al Concejo, un mensaje al Concejo con la propuesta de "rezonificación", que ampliaba las zonas de riesgo. Pero el proyecto perdió estado parlamentario. "Cuando asumió Martín Balbarrey -continuó-, hicimos modificaciones al proyecto e insistimos, pero volvió a caer". La rezonificación, según dijo, era igualmente provisoria hasta tanto el INA terminara una actualización de curvas de nivel, que concluyó recientemente. "Ahora, el municipio puede encarar el proyecto definitivo. Mientras tanto lo que hacemos cuando tenemos que informar sobre algún predio que puede tener riesgo aunque no esté en la norma vigente, es aludir al proyecto. Pero eso no tiene rigor legal...".